El jueves 6 de junio, nuestra organización conoció la noticia de que la instalación ilegal que la empresa PTP Warrant ha montado a unos metros de la margen izquierda del arroyo Marcone, ha sido clausurada por orden de la Cámara de Apelaciones Departamental de la ciudad de San Nicolás, por razón de no disponer del Certificado de Aptitud Ambiental.
Esta situación había sido ya denunciada pública y judicialmente por UPVA en reiteradas oportunidades, y en la actualidad impulsamos una Pretensión Anulatoria pidiendo la nulidad de todas las ordenanzas y actos administrativos afectados a ella. La medida se impulsa en el Juzgado Contencioso Administrativo y tiene lugar contra la Municipalidad de Ramallo, por ser la encargada de otorgar las habilitaciones y exigir la documentación correspondiente previa a su funcionamiento, además de ser responsable de garantizar la vigencia de los requisitos administrativos que al funcionamiento de tal emprendimiento le corresponden.
Sin embargo, la clausura en cuestión fue sancionada en el marco de la una acción de protección ambiental que la doctora Sandra Mordini sostiene contra PTP y que fue originada en la investigación por la muerte del operario Martín Santillán en 2017, a causa de la caída de una tolva en pésimas condiciones de mantenimiento.
Resulta curioso que de entre el amplio prontuario de irregularidades que observa la empresa en todos los lugares donde funciona, y en Ramallo en particular, sea por esa razón y no por los reclamos que en materia ambiental tiene en su contra, que el poder judicial reconoce el estado de incumplimiento con las más elementales normas administrativas al respecto, que este tipo de emprendimiento deberían observar.
Debemos señalar que en las oficinas de registro locales figuró primero como playa de estacionamiento y luego como frigorífico de pollos, para evidenciar más tarde su actividad verdadera, ya sobre hechos consumados, al funcionar como acopiadora y fraccionadora de agrotóxicos, es decir, manipulando y fraccionando sustancias de alta peligrosidad sin ningún tipo de controles.
Por desgracia existe una complicidad con las autoridades locales que promueven este tipo de industrias basura y aportan desde su lugar a camuflarlas de manera cómplice en otro tipo de establecimientos más amigables para con la sensibilidad ciudadana, como en el caso de “Cementos” Avellaneda, un depósito de Pet Coque a cielo abierto (substancia sumamente tóxica y volátil), que por las mismas razones que PTP, promete seguir el mismo camino.
Desde UPVA exigimos el control de las empresas ya existentes y la erradicación y prohibición de futuras instalaciones de este tipo por los altos costes en términos ambientales y en la salud de la población, ya que el propio tiempo se encarga de ratificar estos daños que advertimos. La urgente sanción de un COUT abierto, participativo y plural sería un paso importantísimo para evitar y prevenir la radicación compulsiva e ilegal de esta clase de establecimientos en lugares arbitrarios, otorgados por el poder político a beneficio exclusivo de los empresarios.
UPVA - Unidos por la Vida y el Ambiente
