Los treinta trabajadores de la planta productora de biodiesel “Biobin SA”, ubicada en el Parque Industrial de Junín, recibieron en las últimas horas el telegrama que notifica la suspensión de actividades de la empresa, que considera inviable continuar en funcionamiento debido “a las últimas decisiones tomadas por el gobierno nacional”.

Según informó el portal Semanario de Junín, la decisión abarca hasta el 31 de octubre inclusive y la medida afecta en forma indirecta, según se estima desde el gremio, a más de 50 obreros. Esto, afecta además a las dos plantas que están instaladas en nuestra ciudad.

De este modo, una empresa más cierra sus puertas, en este caso al menos en forma provisoria, dejando en la calle a más familias en este contexto de crisis terminal que se vive en el país.

La misma suerte corrieron los empleados de Bahía Blanca, de la misma firma, lo cual ha originado de inmediato una medida de fuerza que abarca a todo el país, impulsada por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Combustible.

Biobahía en Bahía Blanca, tres empresas de Ramallo (Biocorba SA, Refinar Bio SA y Biobal Energy SA), y Biobin SA en Junín, son propiedad del mismo grupo empresario y tienen, en total, más de 200 empleados registrados. En los telegramas enviados, señalan la imposibilidad de llevar adelante la producción de biodiesel, como consecuencia de la gravísima situación financiera por la que atraviesa la industria y en general nuestro país.

La situación

Marcos López, secretario de Acción Social del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, habló con Semanario para esclarecer la situación.

“Este grupo inversor propietario armó una estructura en Bahía Blanca, Junín y Ramallo, para la producción de biodiesel. En total, en Junín, hay afectados 30 trabajadores por esta medida de suspensión de tareas. En forma indirecta hay alrededor de 50, con temporarios y personal especializado, además de logística”, indicó.

Por otra parte, explicó que “el ente regulador de precios es la Secretaría de Energía. Hay una fórmula que se utilizaba y se modificó, así que ante el aumento de los insumos a base de dólares, es difícil el sostenimiento. En eso estamos de acuerdo con la empresa, pero totalmente en contra que sean los trabajadores los que deban pagar esta variable de ajuste. El Estado debe tomar cartas en el asunto y dar una solución definitiva”.

La postura

“Hace poco más de diez días las empresas solicitaron ante el gremio y los trabajadores ser escuchados por las autoridades. Pararon las plantas e hicieron tareas de mantenimiento, luego pidieron una semana adelantada de las vacaciones, que en Junín concluyeron el martes 27 de agosto, pensando que iban a recibir respuesta a los reclamos”, explicó el dirigente gremial sobre el panorama local.

Como no ocurrió esto, ya que no se modificó para nada el precio, “lo que hicieron fue suspender al personal por 60 días”, confirmó López, “algo con lo que jamás podemos estar de acuerdo, porque no puede ser el trabajador la variable de ajuste y estar dos meses sin cobrar”.

El gremio apuesta a lograr una conciliación obligatoria o un acuerdo entre las partes, “como para revertir momentáneamente la situación, porque nosotros no tenemos injerencia en la solución definitiva de este desbarajuste”.

Lo cierto es que por el momento alrededor de 50 familias juninenses quedaron sin trabajo.