Editorial de La Otra Cara (www.laotracara.info)

La brutal represión en las calles dejó una imagen clara: el Gobierno no tiene autocrítica, pero sí balas de goma y un discurso que convierte cualquier protesta en un intento de desestabilización.

El operativo policial desatado contra jubilados y manifestantes frente al Congreso no solo dejó más de 120 detenidos y decenas de heridos —incluyendo a un periodista con fractura de cráneo—, sino que también evidenció el manual de acción del oficialismo: quien se oponga, será tratado como enemigo interno.

El mensaje fue explícito. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no solo defendió la represión, sino que directamente acusó a los manifestantes de “patotas, barrabravas y grupos de izquierda violentos” con la intención de derrocar al Gobierno. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, subió la apuesta: “Estas manifestaciones van a ser reprimidas”. No hay matices ni dudas.

“Vinieron preparados para matar”, afirmó en conferencia de prensa, asegurando que los manifestantes tenían un objetivo claro de violencia.

Además, Bullrich insistió en que no se trató de una protesta legítima, sino de un intento de desestabilización: “Esto no fue una marcha de jubilados, esto fue un intento de golpe de Estado. No vamos a permitir que quieran voltear al gobierno con violencia”. Con estas palabras, el Gobierno construye un relato donde cualquier manifestación en contra se transforma en una amenaza contra la democracia.

Lejos de cuestionar el uso excesivo de la fuerza policial, Bullrich redobló la apuesta y dejó en claro que el camino será la represión: “Cuando uno toma una decisión, la tiene que llevar a fondo. El país no va a cambiar si lo hacemos a medias”. En otras palabras, la respuesta a la protesta será más palos, gases y balas.

Incluso, la ministra deslizó la idea de que el periodismo podría ser un obstáculo para la “seguridad” del operativo: “En otros países, los cronistas trabajan alejados de las zonas de conflicto para evitar riesgos”. Una declaración que sugiere que la presencia de la prensa en futuras represiones podría ser limitada.

¿Autocrítica por la violencia? Ninguna. ¿Reconocimiento del descontento social por el ajuste? Menos. En su lugar, el Gobierno elige la victimización y la construcción de un relato en el que no hay jubilados reclamando por sus derechos, sino hordas de conspiradores golpistas.

Esta estrategia no es nueva: es la misma lógica que convierte a trabajadores en “mafias”, a los docentes en “adoctrinadores” y a los estudiantes en “planeros del conocimiento”. Ahora, el que protesta no es un ciudadano con demandas legítimas, sino un enemigo del Estado que debe ser reprimido.

El problema es que el argumento del “golpe de Estado” se desmorona con la realidad. No hubo intentos de tomar el poder, solo ciudadanos en la calle reclamando por derechos que les están arrebatando. Pero en la nueva Argentina de la represión justificada, el palo y la bala vienen con bajada de línea.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en esta escalada? ¿Qué sigue después de criminalizar la protesta social? El escenario está claro: quien no se alinee, será silenciado con gases, detenciones y causas judiciales. Y mientras tanto, el ajuste sigue su curso, pero con blindaje policial y mediático.