CAPITAL FEDERAL, Diciembre 25.-( Por Mario Wainfeld) Los Parlamentos y el oficialismo, en Europa o por acá. La agenda corta, aprobada en el Senado. El debate constitucional sobre el papel para diarios, más complejo que una tapa. La Corte, Clarín y el servicio de Justicia. El paquete de leyes, algunas notables, una preocupante. Los peones, semblanza de una larga deuda. El peronómetro de los críticos.

Mariano Rajoy asumió en España y comenzó a aplicar un catoniano programa de gobierno. Todos los parlamentarios del Partido Popular (PP) votaron a cuatro manos sus propuestas. Hubo, claro, denuestos de sus adversarios, pero a nadie se le ocurrió señalar que estaba mal que los legisladores del oficialismo, que viene de ganar una elección, acompañaran al líder de su partido. En la Argentina ese reproche es un lugar común “republicano”. Se supone que diputados y senadores recién elegidos deban comportarse como individualistas trasnochados, ne fregarse de la disciplina partidaria y del mandato de las urnas.

Rajoy obtuvo menos sufragios que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con menor diferencia respecto de sus adversarios, pero su representación parlamentaria es más amplia. Ocurre que cada sistema político tiene sus reglas en ese sentido: el inglés, el norteamericano y el chileno, por ejemplo, incentivan el bipartidismo, dificultando mucho el acceso al Congreso de terceras fuerzas. En Brasil, en cambio, ningún oficialismo puede contar con mayoría propia. En cada pago hay regulaciones diferentes. Lo que no existe en ninguno, salvo en la retórica poco fundada de formadores de opinión o de ONG arrogantes que se autotitulan docentes en democracia, es un sistema en el que los parlamentarios del partido de gobierno actúen como adolescentes rebeldes o como anarquistas sin compromisos.

Era de manual, formaba parte del contrato electoral y de la lógica política más básica, que el Frente para la Victoria (FpV) hiciera ley, con la mayoría con que lo invistió el pueblo soberano, varias normas que hace meses o años viene tratando de consagrar. La oposición contaba con votos suficientes para trabarlas, el veredicto popular decidió lo contrario. Nada hay de exótico, salvo para imaginaciones febriles y poco documentadas. La teoría del poder anarco-legislativo es un invento argentino, menos sugestivo que el dulce de leche o el colectivo.

Las leyes y su contorno ameritan una recorrida algo más detallada, que ya comienza.

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Barquitos de papel: La regla de la mayoría es enojosa para algunos, que tratan de disimular su traspié electoral anunciando el advenimiento (al fin) de la dictadura chavista-kirchnerista. Cualquier acción del oficialismo anticipa ese escenario, que no se corroboró durante ocho años y medio, pero que ahora, dicen, está al caer. Casi cualquier movida (desde el Instituto Dorrego hasta algunas leyes) es descripta como el huevo de la serpiente. La retórica exaltada de los pastorcitos republicanos suena chocante, tal vez no les valga para recuperar el favor de las multitudes. Y, lo que es más serio, está desacoplada de los hechos.

El debate sobre la norma que regula la producción, distribución y comercialización de papel para diarios encastra en esa tendencia. La principal corporación concernida, el Grupo Clarín, alegó inconstitucionalidad en la tapa de su diario más importante. El fundamento fue pobre: el artículo 32 de la Constitución, sacado de contexto. El eje argumental es falaz pues homologa a la libertad de expresión con la falta de controles sobre concentración económica. Las alusiones a la Convención Americana de Derechos Humanos son desviadas pues soslayan mencionar que los DD.HH. conciernen a personas y no a empresas. Y porque el citado tratado se pronuncia contra “el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos”. Esto no convalida el monopolio privado argentino, exactamente.

Tampoco se sostienen las remisiones a la Constitución de Estados Unidos. En una precisa columna publicada en este diario, Damián Loreti, abogado y especialista en comunicación, prueba que la jurisprudencia norteamericana diferencia muy bien lo que acá se homologa: el derecho a la libre expresión no autoriza (antes bien, colisiona con) la existencia de monopolios que concentren el poder mediático.

Una empresa que monopoliza la producción de papel para diarios desde hace más de 33 años por un úkase dictatorial –explica el doctor en Ciencias de la Comunicación, Martín Becerra– es una “anomalía argentina, única en el mundo”. Los sellos de goma o agrupaciones patronales que vociferan no pueden mostrar un ejemplo en contrario.

Un puñado de constitucionalistas aguantan los trapos al monopolio. Bien mirados, son pocos. Entre ellos resalta Gregorio Badeni, quien suele ser asesor o patrocinante del Grupo. Su deber profesional, pues, es echar luz favorable a los intereses de su cliente, lo que le resta credibilidad cuando se calza el sombrero de constitucionalista. El hombre se coloca de los dos lados del mostrador. “Así no se vale”, hubiera clamado el Chavo del Ocho. Es más: si hubiera mostradores trilaterales, Badeni estaría en los tres lados. Su poderoso estudio es uno de los que asesoró al ex ministro menemista Rodolfo Barra cuando éste diagramó, a gusto y paladar de los grandes contratistas del Estado, el Fuero Contencioso Administrativo, un engendro de conspicua parcialidad.

Son igualmente pobres otros fundamentos de las empresas afectadas o sus voceros. Suena tremebundo augurar que una norma “abre el camino a la expropiación”, es mera apariencia. La expropiación es una facultad constitucional del Estado, a condición de haber sido establecida por ley y previamente indemnizada.

Como fuera, los afectados podrán tener “su día ante el tribunal”. No hay que ser brujo para predecir que serán días, meses o años, y que 2012 será el año de los amparos fáciles o las cautelares express contra la ley en cuestión. Siempre hay jueces