Los movimientos sociales salieron a cortar la Ruta 8 y 188 tras 50 días de acampe reclamando por el justo acceso al hábitat.

Entre los movimientos firmaron un documento reclamando al jefe comunal de Pergamino, Javier Martínez, la atención y solución al problema. En la solicitada, figuran el Movimiento Libres del Sur con Juan Canessa y Enrique Schierloh; Movimiento Octubre con Cecilia Diaz y Juan Bravo; Pergamino de Pie con Maximiliano Luna; Unidos y Organizados con Mauro Arana; Movimiento Barrios de Pie, con Cristina Leguizamón; Movimiento Cristiano Pastor con Mario Paredes; Movimiento Martin Miguel de Guemez con Marta Medina; Movimiento De Mujeres MUMALÁ con Carina Sosa; Movimiento Popular de Mayo con Luis Giame; Nueva Dirigencia con Federico Schierloh; Movimiento Evita ( LF) con Carlos Viglierchio y Ripi Pereyra y Agrupación Liberacion Nacional con Osvaldo Lo Russo.

En este sentido, apuntaron que tras 50 días de acampe y el llamado a participar por Zoom del corte en la ruta, pusieron en tema que “se presentó un oficial de justicia en la Plaza Merced para notificar una presunta ‘usurpación’ por el acampe, medida adoptada supuestamente por el fiscal Nelson Mastorchio”. 

“Nos llamó poderosamente la atención porque el delito de usurpación se configura por la violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza que realiza el usurpante, quien procede a despojar a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho”, resaltaron los movimientos.

De este modo, aclararon que este hecho “criminaliza la protesta” debido a un “supuesto donde no se cumple en absoluto, ya que el derecho a peticionar a las autoridades y el derecho a litigar como parte da lugar al derecho de tutela judicial efectiva, contemplada en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional”. 

Apuntaron, además, al delegado Lucas Marino Aguirre, “quien supuestamente instruyó a una funcionaria de cuarta categoría a tratar de quebrar el ánimo de los acampantes mediante el maltrato, cambiando una y otra vez la postura para no concretar lo acordado el 17 de septiembre en la única reunión con el intendente Javier Martínez”. 

Desde ese punto, los movimientos explicaron que la tarea en sí, era resolver el listado de una “veintena de casos de personas en situación de calle, donde hay madres solas, víctimas de violencia de género con niños y personas con discapacidad”. 

“La funcionaria de cuarta categoría Mariana Delgado les exige como condición que abandonen el acampe y que pierdan toda esperanza de contar, un tiempo razonable, con un lote de tierra donde afincarse. Para rematarla, por Zoom, informaban cómo proyectaban la Mesa de Gestión del Hábitat, donde reciclaban los participantes del extinto comité de crisis por el tema Covid-19, en la misma cualquier desprevenido no sabría distinguir si son funcionarios públicos o representantes de organizaciones que reclaman el acceso al justo hábitat, con una mayoría de empleados municipales”, especificaron. 

Allí, participaron los movimientos sociales y “ni siquiera se presentó un borrador del proyecto a llevar adelante, fue pura sarasa, porque a pesar de los pesares aun le dábamos crédito al dialogo”, esperando una reciprocidad por parte del Ejecutivo.

Por último, aclararon que “recibimos llamados del mediador del Colegio de Abogados para volver a reunirnos y poner blanco sobre negro toda la situación. Le dimos otra oportunidad a la negociación. Nos convocaron para el día viernes en horas del mediodía y allí fuimos. En síntesis, la situación quedó así, de las 20 personas solo 4 tienen resuelta la situación. Otro punto importante es que todas las organizaciones políticas y sociales serán convocadas para formar parte de la Mesa de Gestión del Hábitat y se les pedirá que no sean empleados municipales. También se acordó que a partir del día martes el Secretario de Desarrollo e Innovación Social y un integrante del Observatorio Popular de Crisis trataran caso por caso la situación de cada acampante”.