La denominada causa Camioneros de San Pedro tendría un giro luego de que trascendieran videos en los que empresarios reconocieron no haber sobornado a gremialistas, por lo que desde la defensa de cuatro de los imputados, piden su sobreseimientos y recusaron a la fiscal.
“El expediente judicial tenía a la fiscal María del Valle Viviani y la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui y a la mediática abogada Florencia Arietto posando juntas victoriosas por demonizar las medidas de fuerza sindicales, comenzó a transitar por un sendero en picada”, dijo el representante legal de cuatro de los acusados, Gabriel Rogelio Ruiz.
El letrado, defensor de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda y Matías Agustín Torres, indicó a NOVA que recientemente la pericia contable requerida por la Fiscalía no arrojó resultado positivo que inculpe a los sindicalistas.
Además, trascendieron videos donde se puede apreciar a la fiscal de turno, recibiendo graves denuncias verbales, sin tomar medida alguna, donde el empresario Rey reconoce contar con trabajadores en negro.
Los cuatro imputados defendidos por Ruiz están acusados por turbación y coacción, y no hay pruebas para eso, explicó Ruiz .
Como se recordará, esta causa tiene a dos sindicalistas detenidos: Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.
Para Ruiz, los otro cuatro imputados, sus defendidos actuaron por el derecho del gremio a la huelga, que es una “actividad lícita”, que violenta derechos de terceros, habiendo cumplido previamente las conciliaciones pertinentes.
Ruiz explicó que en la fundamentación de la fiscal al juez para rechazar los sobreseimientos dejó en claro que necesita a mis defendidos en la causa para que no se caiga el expediente contra Cabaleyro y Espíndola.
“En la contestación de vista la fiscal dejó claro el real motivo de no acompañar el sobreseimiento a mis defendidos. Dijo: [...]“Dejo asentado, que ambas causales por las cual se solicita el sobreseimiento y teniendo en consideración el estado procesal y el avance de la investigación penal preparatoria no puedo dejar resaltar que respecto a los hechos achacados a los defendidos del Dr. Ruiz también se encuentran imputados Espíndola Fermando y Maximiliano Cabaleyro todos son autores de los delitos de Turbación de la posesión y coacción[…]”.
Ruiz explicó que “la comunicación real que intenta pasar la fiscal al magistrado es: [...]Señora Juez: Si se sobresee a los cuatro defendidos de Ruiz, se benefician Espíndola y Cabaleyro, cayéndose el argumento del concurso real, que suma los ocho años para imponer la prisión preventiva, y no puedo pedir Proceso Criminal, cayéndose todo el circo armado”.
El letrado detalló que a Cabaleyro le imputan eso más extorsión agravada en concurso real lo que suma los máximos de cada pena.
“Cuando la expectativa de pena es superior a 8 años la prisión preventiva es efectiva. Para lograr esto la fiscal comienza a sumar delitos. Si se le cae la turbación y coacción se le cae la preventiva”, señaló Ruiz.
“Mis cuatro defendidos fueron despedidos sin cobrar un peso y son usados como números para que no se caiga la causa, por eso pedimos la recusación de la fiscal”, concluyó Ruiz.
Reclamo, bloqueo e intervención judicial
Como se recordará, en abril del año pasado dos dirigentes del Sindicato de Camioneros de la seccional San Nicolás fueron detenidos por la Policía por estar acusados de extorsión por bloquear las actividades de una distribuidora de alimentos de San Pedro, durante 2021.
Las detenciones fueron ordenadas por la jueza de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, que había rechazado su exención de prisión, medida que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones, con lo que quedaron firmes las órdenes de captura. Ambos gremialistas se entregaron voluntariamente.
Cabaleyro se entregó en la Dirección de Investigaciones de San Nicolás mientras que Espíndola lo hizo en la dependencia policial de Baradero-San Pedro. Ambos fueron voluntariamente cuando ya estaba emitida la captura para evitar ser trasladados con las esposas por la Policía.
Cabaleyro y Espíndola están acusados de extorsión y coacción. La abogada de la empresa es Florencia Arietto, que asesoró a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y participa del armado político de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.
La empresa de San Pedro que fue bloqueada es una distribuidora de productos alimenticios, que pertenece a Ricardo Rey. Tiene unos 35 empleados. El conflicto se originó cuando el sindicato le exigió pasar a los 35 empleados al convenio 40/89 y los gremialistas supuestamente les reclamaron dinero.
El empresario hizo algunos pagos, pero luego la compañía sancionó a un delegado gremial y se agravó el conflicto. Los empresarios dejaron de pagar e hicieron una denuncia por extorsión que ahora desembocó en estas detenciones.
La denuncia fue recibida por la Fiscalía número 7 de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani.
