Hace una semana tomó estado público una información por demás sensible. La madre de una niña de tres años denunció en el mes de abril, que su hija fue víctima de maltrato en el jardín de infantes al que asistía, en Villa Ramallo.

La denuncia fue radicada en la Ayudantía Fiscal de Ramallo, desde donde se excusaron en trabajar sobre el caso y la causa pasó a la UFI N° 4 a cargo del Dr. Leverato. Desde allí se cumplimentaron las órdenes de allanamiento –en el marco de la causa caratulada maltrato infantil y corrupción de menores- que se efectivizaron la semana pasada en el jardín involucrado y en la vivienda particular de dos docentes que trabajan en la misma institución.

La causa que se investiga presenta una serie de interrogantes. Hasta el momento –según la información que ha trascendido- a la víctima se le habría realizado sólo una pericia psicológica que indicaría que ofrece un relato coherente pero aún no se le ha tomado declaración, mediante el sistema de cámara gesell, y no se le han realizado pericias de otro tipo para establecer claramente qué derecho le ha sido vulnerado.

Es por eso que llama la atención que la Justicia haya ordenado tan prematuramente las órdenes de allanamiento a las viviendas particulares de las docentes y al propio jardín. Pero lo que más preocupa es la indefensión en que ha quedado la niña, víctima de esta situación.

Ella ha dejado de asistir al jardín y no está recibiendo asistencia psicológica ni de ningún otro tipo. Lo que pone en evidencia la “revictimización de las víctimas”; esto es la reiteración del padecimiento, la provocación de un nuevo daño y la total falta de contención.

Desde el sistema educativo no se han acercado a la familia ni han tomado contacto con sus padres. El Servicio Local y el Estado Municipal tampoco están interviniendo. Desde la Subsecretaria de Niñez indicaron que tomaron conocimiento del caso de forma extraoficial y están a la espera de que la justicia establezca qué derecho le ha sido vulnerado a la niña para que el caso pueda ser derivado al Servicio Local y desde allí poder asistirla con profesionales. Desde esta área, la tarde de este jueves, dejaron trascender que están evaluando expresarle al Juzgado interviniente, la preocupación que ha despertado el caso y que se pondrán a disposición para asistir a la niña. En tanto, desde la Justicia tampoco se ha facilitado el asesoramiento o asistencia profesional que un caso de estas características requiere.

Mientras todo ello sucede, desde distintos sectores se envían mensajes cuanto menos confusos. Se planteó esta situación como un “ataque a la educación” o que “la educación pública es la que está siendo puesta en tela de juicio”, pero se produjo un profundo silencio sobre el tema de fondo que es la violación de derechos de un niño. No hubo quien se expresara, quien la nombrara ni se solidarizara con el sufrimiento de la niña-víctima.

Es por ello que no se debe perder de vista que la principal víctima en esta situación es una niña de tres años que, es altamente probable, esté sufriendo la vulneración de sus derechos en alguno de sus entornos y es imperioso que la justicia actúe rápidamente para protegerla.