El conflicto gremial en la planta de biodiesel Bio Ramallo entra en etapas decisivas. La empresa continúa firme en la decisión de despedir a los 28 trabajadores que esperan llegar a una solución del conflicto una vez finalizada la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo nacional.

Los concejales de Ramallo realizaron una presentación en la fiscalía del doctor Julio Tanús, pidiendo un “habeas corpus” para defender la integridad física de los trabajadores.

“Este pedido tiene que ver con la presencia de los 200 policías que de forma exagerada avanzaron intimidando a los trabajadores y ante la posibilidad de que puedan volver con una avanzada así. Fuimos ante el fiscal Julio Tanús quien, en principio, dijo que no se iba a reprimir y aunque  nos atendió bien, no pudo darnos garantía de que esto no se vuelva a repetir”, explicó Elvio Zanazzi, concejal del Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana.

Asimismo, el edil puntualizó: “también porque a través de la policía quisieron imputar a los trabajadores por un delito que no existe  con una notificación que no tenía nombre ni estaba dirigida a nadie. La idea es poder proteger a los trabajadores”.

Si bien todos los concejales fueron informados e invitados a acompañar esta medida, cabe mencionar que la misma fue firmada por el bloque completo del Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana; Diego Ramírez, del Frente Renovador; y Luis Onofri, titular de la Casa de la Memoria de Ramallo.

La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación dejó stand by el conflicto. El motivo de la medida sindical era por los salarios que la compañía adeudaba desde enero pasado y despidos.

En 2015 la empresa aceptó a los trabajadores como aceiteros. Y se firmó en el Ministerio de Trabajo un acta a través de la cual se comprometió a acatar el convenio colectivo del sector. Pero en 2016 comenzó a adeudar el pago de los premios, según los trabajadores.