LA PLATA-BUENOS AIRES, Febrero 24 (www.RamalloCiudad.com.ar) Tras el reciente allanamiento en la finca “La Julieta”, de Carmen de Areco, donde se rescató a 135 trabajadores rurales que vivían en condiciones inhumanas y en estado de abandono, el diputado provincial del GEN en el FAP, Jorge Leonardo Santiago, presentó un pedido de informes reclamando al Gobierno bonaerense “medidas para prevenir, erradicar y sancionar el trabajo esclavo, el infantil y el no registrado”.

Además del episodio de Carmen de Areco, donde las versiones periodísticas responsabilizaron a la empresa Southern Seeds Production S.A., Santiago fundamentó sólidamente su iniciativa con casos similares ocurridos en San Pedro, Ramallo, Tandil, Miramar, Arrecifes, La Plata, entre otros, donde las explotaciones comprometen a grandes empresas nacionales e internacionales y se encuentran en trámite causas judiciales.

“El trabajo ilegal -señala Santiago-, esclavo, infantil e insalubre no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de la Argentina, pero los numerosos casos detectados en los últimos meses en distintas zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, advierten de la necesidad de disponer de intervenciones directas sobre estas modalidades de explotación laboral”.

El legislador, residente en la ciudad de Rojas, asegura que esas poblaciones vulnerables “se ven compelidas a ofrecer su fuerza de trabajo y la de su grupo familiar, a una oferta que recurre a la trata de personas, la reducción a servidumbre y la violación de todos los Derechos Humanos y las normas laborales”.

A través de su extensa iniciativa Santiago quiere saber si se han implementado, por parte de las autoridades provinciales y en especial por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, medidas de fiscalización de las condiciones laborales de los trabajadores, con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar el trabajo esclavo, el infantil y el no registrado.

Paralelamente, el proyecto presentado en la Cámara de Diputados provincial pretende conocer puntualmente la cantidad de operativos realizados, los establecimientos fiscalizados, medidas de protección, sanciones y resultados obtenidos; qué medidas físicas, emocionales y legales se han implementado para asistir a las víctimas; si se han concertado acciones comunes o suscripto convenios con la Defensoría del Pueblo de la Provincia, con sindicatos de trabajadores rurales, y demás asociaciones u organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la lucha contra el trabajo esclavo e informal, entre otras cuestiones.

Proyecto por corte de comedores en escuelas de verano

Haciéndose eco de numerosas comunidades educativas de diversos municipios de la Provincia, que han visto afectado el servicio en los comedores escolares por la falta de pago a proveedores, Santiago (GEN-FAP) presentó recientemente un pedido de informes exigiendo precisiones al Gobierno de Daniel Scioli.

El caso más grave ocurre en el distrito de Rauch, donde el mencionado Servicio Alimentario Educativo (SAE) dejó sin cobertura a cientos de alumnos de las escuelas de verano, pero estarían por atravesar la misma situación las ciudades de San Nicolás, Olavarría, Azul, Tres Arroyo y 25 de Mayo, entre otras.

Santiago fundamentó su iniciativa en que “la provincia de Buenos Aires se encuentra en una profunda crisis, y en esta oportunidad resaltamos la preocupación que genera la misma en el financiamiento de un sector específico y vulnerable, como lo son los alumnos beneficiarios del Servicio Alimentario”.

Atendiendo esta grave situación y ante la proximidad del comienzo del ciclo lectivo, el legislador oriundo de Rojas exige que se informe a la brevedad y en detalle qué cantidad de establecimientos educativos de gestión pública se encuentran funcionando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que prestan el SAE; cantidad de alumnos beneficiarios del mismo; la nómina de proveedores de bienes y servicios que suministran insumos destinados al SAE, consignando montos y porcentajes de pagos practicados; en caso de existir atraso en los pagos, indicar los meses y montos que se adeudan y el modo de regularización previsto para garantizar el normal funcionamiento, entre otras cuestiones.

La presente iniciativa fue presentada por la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados provincial el miércoles 19 de febrero. (www.RamalloCiudad.com.ar)