CAPITAL FEDERAL, Abril 08.-(Por Mario Wainfeld) Una síntesis de la causa judicial que es noticia. Lo que pretende probar el fiscal, lo que hay. La conferencia de prensa de Boudou, contexto y acusaciones. Rafecas y Righi, dos acusados mal elegidos. Las filtraciones a la prensa, un relato costumbrista. Y otros detalles.

Hasta el miércoles las pruebas acumuladas eran endebles, sin que eso mellara la embestida de los medios dominantes. El allanamiento realizado en un departamento propiedad del vicepresidente Amado Boudou ese día y la conferencia de prensa de éste el jueves recalentaron el ambiente a niveles formidables. La temperatura es otra, la sustancia de la causa, la misma: no se conocen nuevas pruebas que hayan alterado la precariedad de los argumentos acusatorios. El asunto es complejo, difícil de recorrer hasta para iniciados, lo que amerita recorrerlo desde el vamos.

El puntapié inicial lo dio una declaración periodística de Laura Muñoz, esposa de Alejandro Vandenbroele, a quien acusó de ser testaferro del vicepresidente Amado Boudou. El planteo, formulado en el contexto de un disputado juicio de familia, carece de eficacia penal: un cónyuge no puede acusar a otro. De cualquier modo, la potenciación mediática de las (mayormente imprecisas) alegaciones de Muñoz motivó que se echara el ojo sobre la intervención oficial pidiendo el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone y asociados. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aceptó un plan de pagos a muy largo plazo con intereses muy bajos.

La anuencia del Estado no bastaba para levantar la quiebra, ya que había otros acreedores que sostenían el pedido. Para conseguir su avenimiento hubo un pago importante realizado por The Old Found, un fondo de inversión cuya integración se desconoce. La filantropía no existe en el mundo de los negocios, debería haber un interés propio en la medida. La dimensión del pago y la ignorancia sobre quién lo hizo son puntos velados del caso.

Los grandes medios dominantes sobrevaloraron las palabras de Muñoz y emprendieron una cruzada contra Boudou. No fue la primera ofensiva y su afán político es nítido. El Gobierno alega que también mete su manito negra la impresora Boldt, competidora de Ciccone por un mercado sofisticado y bien oligopólico. El cargo es creíble, hay intereses creados en juego.

La intencionalidad o hasta la mala fe de los poderes fácticos existe pero no genera un bill de indemnidad para el atacado. La cuestión llegó a Tribunales, se abrió una causa y Boudou (correctamente) se puso “a disposición de la Justicia”.

El juez federal sorteado, Daniel Rafecas, dejó en manos del fiscal Carlos Rívolo la instrucción. Procesalmente, el juez puede tomarla a su cargo (como hizo Claudio Bonadío en el expediente que investiga la tragedia ferroviaria de Once) o delegarla en el fiscal. Ambas posturas son lícitas y los motivos para elegir pueden ser variados.

En el discurrir de la pesquisa se conoció una nota firmada en octubre de 2010 por Boudou, siendo ministro de Economía. La AFIP le pidió dictamen para aprobar la movida de consentir el levantamiento de la quiebra. Es un trámite poco frecuente, acaso único, aspecto que la prueba debe dilucidar. El ministro avaló la medida, “sin mengua del interés fiscal”. La presentación escrita puede ser infrecuente, su redacción no es chocante ni propone un aval a ciegas o absoluto. Es una autorización condicionada. Si las franquicias otorgadas a la firma quebrada fueron exorbitantes, el proceder no se puede sostener en el documento.

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La carga de la prueba: Abrir un expediente cuando hay elementos sospechosos es casi una rutina: Boudou, como cualquier ciudadano, puede ser investigado. En materia penal es un principio cardinal la presunción de inocencia: la carga de la prueba incumbe a quien acusa. El implicado, como regla, no debe probar en principio nada aunque a menudo le conviene arrimar elementos de convicción a su favor. La presunción de inocencia rige hasta el momento de la condena firme, es un pilar del sistema garantista. Las condenas anticipadas, habituales en el Agora y en la esfera mediática, tienen cero valor en Tribunales. Mejor dicho: vulneran la ley.

La tarea del fiscal no es equilibrar la mítica balanza de la Justicia: lo suyo es cargar un platillo. Del otro, se ocupa la defensa. El sentenciante es, en la remanida imagen, el fiel de la balanza.

Desde el inicio del trámite, Rívolo se aplicó a buscar pruebas con ahínco entre lógico y excitado. También fue prolífico en declaraciones periodísticas, a menudo desafiantes y entusiastas respecto de sus avances.

Esa praxis –se volverá sobre ello– es cotidiana en el costumbrismo nacional, lo que no la convalida pero tabula su dimensión comparativa.

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Cuestión de conocimiento: Boudou negó conocer a Vandenbroele, operador del levantamiento de la quiebra. El vicepresidente no interviene en el expediente, por lo que su manifestación carece de relevancia judicial pero tiene su impacto en la opinión pública. Contra ella se movió Rívolo, buscando probar un indicio de relación. El conocimiento en cuestión no probaría delito alguno, más vale, pero sí una cercanía con un empresario vinculado a Ciccone. La amistad entre Vandenbroele y Fabián Carosso Donatiello, inquilino de un departamento del vice ubicado en Puerto Madero, fue sospechada por el fiscal. Carosso Donatiello vive fuera del país: le suena dudoso que alquile un costoso piso para venir de vez en cuando. Fuentes de la Fiscalía aseveran que el inquilino carece de tarjetas de crédito, celular y cuentas bancarias, circunstancias extrañas para quien abona una mensual