Conocidas leyes de límites a excarcelaciones en épocas del discurso de mano dura aparecen como las salvadoras de una situación que amenaza con desmadrarse. El estado de ebullición vecinal en distritos del conurbano emplaza sin concesión alguna al gobernador Daniel Scioli a un avance rápido con soluciones inmediatas. 

La inseguridad, profunda problemática que convierte en harapos la esperanza  de paz de miles de vecinos bonaerenses finalmente provocó algún reflejo sobre cuyas cualidades despierta otro tipo de debates.

Lo cierto es que ante la escalada delictiva y los casos emblemáticos que muestran los medios, legitimadores de situaciones que presionan sobre la gestión provincial, finalmente apareció una respuesta tan contundente como la aciaga situación de sucesivos casos desgraciados de muerte y violencia.

El paquete de leyes finalmente apareció y complementa la instrumentación de las denominadas contravenciones que aparecían como una mínima reacción ante tamaña adversidad y así lo comprendió el gobierno bonaerense. 

La decisión de retornar a conocidas propuestas denominadas de dureza que, a manera de tormenta arrasa con todo aquello que simule delincuencia, es una toma de posición de Scioli después de meses de especulación o, tal vez indecisión, en una temática donde la tibieza no tiene credenciales de ingreso al terreno de la gran gestión.

Sin embargo, ahora se apunta a la calidad o al contenido de tal toma de posición que implica, entre otras cuestiones, tensar la cuerda con las garantías y transitar el camino hacia la filosofía del estado penal donde las cercanías o lejanías con tal finalidad puede ser una parte interesante del debate.

De esto se empieza a hablar siempre  en muchos pasillos políticos ante proyectos de limitación de excarcelaciones, por caso, que provocará una mayor transferencia de recursos para habilitación de cárceles en detrimento de servicios básicos como salud, vivienda y educación y acción social.

Los anuncios de Scioli son una película que se repite respecto de otras gestiones con aspiraciones a que se repitan resultados momentáneos para poner paños fríos a una situación que amenaza con entrar en ebullición.  Como quien quiere lograr resultados y exhibe cambios sobre los cuales pide un tiempo prudencial.  La cuestión pasa por si la sociedad, en referencia a vecinos que alimentan la cotidiana protesta, están dispuestos a conceder ese tiempo.

Por lo pronto nada es original.  La figura de la contravención que habilita a la policía a detener ebrios viene de la época de Juan Moreira en el siglo 19, cuando se hablaba de apresar a “vagos y mal entretenidos”.   Cabe señalar que el tema del merodeo sospechoso, al menos como requisito de intervención policial, ya había sido relanzado durante alguna gestión anterior. Esto amparado en alguna doctrina del Tribunal de Casación bonaerense que alguna vez se expidió positivamente al respecto.

Tampoco es original la limitación de excarcelaciones que obligará nuevamente a una revisión del código de ejecución pena tal cual ocurrió en la gobernación de Carlos Ruckauf.  Acá si se entienden los efectos de algún diálogo que éste último admitió públicamente haber mantenido con Scioli.

En aquél momento y aún ante una estadística delictiva que no bajaba, Ruckauf se ufanaba de haber incrementado notablemente las detenciones y encarcelamientos como forma de desintegrar circuitos delictivos.  Se amparaba en la eficiencia de su sistema creado, aunque no había eficacia en cuanto a los resultados que esperaba la gente.

Curiosamente, no apareció o no se resaltó el tema de los desarmaderos de automóviles. El modus operandi de tres casos de inseguridad de agenda en un mismo escenario territorial como el bonaerense sugiere la operatoria de robo para el “cortado” de vehículos.   El ataque directo a todo tipo de desarmaderos revisando el origen de las autopartes dio resultados importantes en la gestión del ministro Juan Pa