CAPITAL FEDERAL, Marzo 11.-(Por Mario Wainfeld) La reforma al Banco Central, su avance en Diputados. Lo que se debate, un toquecito retrospectivo. Modificaciones al original, una que trajo polémica y dará para más. El debate que se viene, espacios para acordar. El traspaso de subte y colectivos. Un proyecto que interpela al federalismo. Desafíos para el macrismo y para el resto de la oposición. El sistema de transporte, un problema más vasto.
La Cámara de Diputados tratará en el recinto el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). A su vez, los senadores abordarán en comisión el sorpresivo proyecto oficial de transferir a la Ciudad Autónoma, por ley, los subtes y los servicios de varias líneas de colectivos. Para quienes aman las estadísticas sobre esos temas, vaya un pronóstico: este año el Congreso tendrá mucha actividad, sesionará asiduamente, sancionará muchas leyes. Tras las elecciones de 2009, que dejaron una composición relativamente pareja entre oficialismo y oposición (volcado hacia ésta si se sumaban todos sus fragmentos), hubo quien profetizó una edad de oro parlamentaria. La paridad, empero, empujaba hacia otro tipo de desenlace: el empate bobo, las trabas cruzadas. Así ocurrió, para exclusiva sorpresa de los desprevenidos.
Con una mayoría estricta y afiatada, el Frente para la Victoria (FpV) se apresta a sacar legítimo partido de la decisión popular soberana, que es la que adjudica las bancas. Nuestro sistema constitucional prevé la renovación cada dos años de la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. El mecanismo amortigua los efectos de una elección plebiscitaria, como la de 2011. La bancada oficialista refleja el gran caudal de esa votación y también la menguada cosecha de 2009. Le basta para imponer sus propuestas, si no sufre deserciones o sangrías como en 2008.
La reforma del Central es un cambio de paradigma, que en sustancia sólo se rebate “por derecha”. El diseño todavía vigente se votó en 1992, en medio del furor neoconservador global, exacerbado acá por el salvajismo menemista. El miembro informante fue el salteño Juan Carlos Romero (que también fue gobernador de su provincia), quien sinceró su visión. Una cosa, dijo, es el dinero (que debe preservar un Banco Central autónomo, supuestamente escindido del poder político) y otra el crédito que se consigue vía mercado de capitales. La apertura indiscriminada al capital financiero, una de las causas de la crisis cuasi terminal de fin de siglo, tenía ahí su bandera y su exaltación. Tal era el clima de época, tan sesgado a derecha que hubo un proyecto de minoría para suprimir el Banco Central. En 2001 no faltó quien propusiera entregar el manejo de la economía local a los organismos internacionales, un anticipo de lo que sucede hoy en Grecia, bajo los plácemes del establishment financiero y político de Europa y contra la movida popular, que puebla las calles de manifestantes y personas recientemente despedidas. En España van a por eso, avasallando derechos laborales con saña tenaz. El Primer Mundo es complicado: los centroizquierda resignan identidad y principios, los centroderecha son cada vez más derecha.
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Un proyecto retocado y retocable: La propuesta de modificación de la Carta Orgánica se adecua, en el buen sentido, a una tendencia mundial. Las reservas del Banco Central son patrimonio de los argentinos, acumulados merced a su esfuerzo. Escindirlas del resto de los recursos nacionales y dejarlas a merced de un elenco de tecnócratas sin votos es un disparate, antidemocrático si se mira con cuidado.
Desde el punto de vista económico, se amplían los objetivos del Banco, que deben contemplar más allá de la estrecha (aunque no irrisoria ni desdeñable) mira del control de la inflación. Es sensato proponerse objetivos más vastos. Tanto como poder pagar con reservas la deuda contraída por el Estado, principalmente bajo el mandato de otros gobiernos (luego reducida en tenaz negociación y honrada por el actual).
La presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, defendió el cambio de criterio, respondiendo con largueza y buen tono las preguntas de los diputados opositores. Su finalidad no era recorrer el articulado, sino sustentar un cambio de época. El texto de la norma se corrigió de modo parcial al día siguiente, cuando se trató en comisiones. Hubo modificaciones, algunas sugeridas por la oposición: asumir el compromiso de publicar y difundir estadísticas monetarias, crediticias y cambiarias. Y, además, sumar al “empleo” como uno de los objetivos del funcionamiento del Banco. No fueron estos cambios, positivos, los que enojaron a las bancadas opositoras. Sí que se ampliara numéricamente la facultad del Banco de financiar al Tesoro nacional. Se acusó a Marcó del Pont de mendaz, de haberse guardado una carta bajo la manga. El reproche no se sostiene: el proyecto no tiene cláusulas secretas o cerradas a la controversia. Todo su contenido está abierto al debate, que comenzó en la misma comisión, seguirá en el pleno de la Cámara y luego tendrá el mismo periplo en Senadores. Lo que sí sucedió es que el Ejecutivo resolvió, a último momento, ampliar el quántum autorizado para financiar al Tesoro nacional. Es un porcentaje de la recaudación impositiva, se permite (por cláusula transitoria) duplicarlo. El argumento básico es que el mecanismo es procíclico: se puede prestar más en tiempos de bonanza fiscal. Y que es más funcional disponer de un resorte para auxiliar al fisco como arbitrio contracíclico: cuando sus arcas no estén tan piponas. La idea general es sugestiva y se estipula que sólo puede apelarse a la ampliación en circunstancias excepcionales. El flanco más atacable de la propuesta es que no define ni condiciona de ningún modo la excepcionalidad. En los niveles más altos del Ejecutivo y de las bancadas del FpV se asume sottovoce la falencia y se insinúa que podría retocarse en el texto definitivo. Sería un modo de mejorarlo, su concreción dependerá de cierta apertura del oficialismo a los reproches opositores y de la decisión de éstos de procurar algún acuerdo, sin ponerse maximalistas como hicieron durante la, para ellos y para el sistema político, aciaga e improductiva etapa del Grupo A.
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