La Provincia

Tensiones

La toma de un predio privado en Quilmes encendió alarmas en el gobierno provincial y en las intendencias del Conurbano

LA PLATA, Diciembre 19.-(Por Marisa Alvarez) La tensión social que, con estallidos de extrema violencia se viene registrando en la capital federal, se trasladó esta semana a la geografía bonaerense. Bastantes más usurpaciones de terrenos, para la radicación de nuevos asentamientos, de las que se conocieron públicamente en detalle, se registraron en estos días en varios distritos del Conurbano. Aun con la enorme diferencia, con relación a los episodios que se registran en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, de que en la Provincia no se verificaron incidentes violentos sustantivos, la situación alcanza para generar profunda preocupación en los despachos de la Gobernación y en las intendencias.

Ocurre que las ocupaciones de predios, públicos y privados, son "cosa de todos los días" en el caliente territorio del Conurbano -e incluso en La Plata y el resto de nuestra región-, pero en esta oportunidad las autoridades le temen al "efecto contagio" de la cuota de violencia que se verifica en el distrito porteño y a la "contaminación política" que, en su criterio, podría darse ahora en este tipo de hechos para incentivar tanto la configuración de nuevos asentamientos como las reacciones vecinales de rechazo.

NINGUNA NOVEDAD

La compleja realidad social, que tiene como emergente la radicación de nuevas villas y barrios aún más precarios que aquellas, no constituye, como se dijo, una situación excepcional en la Provincia. No son, por cierto, una novedad para los políticos -en particular del peronismo, que gobierna casi todos los municipios del área metropolitana- ni los episodios porteños fueron para ellos una sorpresa por sí mismos, aunque sí los espantaron las batallas campales que se sucedieron allí.

La "movilidad geográfica" -y el crecimiento, en rigor- de los sectores extremadamente carenciados, y de su mano la creación de asentamientos, se ha multiplicado en los últimos años en la Provincia, con una característica "política" saliente. Hasta ahora, los intendentes y las autoridades provinciales que pudieran tener responsabilidad en evitar usurpaciones, comenzando por las judiciales, han consentido abiertamente esas situaciones. Y también ha resultado "común" que punteros y aún dirigentes políticos, mayoritariamente vinculados al propio oficialismo o a sectores del PJ distintos del que gobierna, incentiven las nuevas localizaciones.

El gobierno provincial, en tanto, ha seguido, en líneas generales, la política de facilitar las reubicaciones de los asentamientos en los pocos casos de desalojo que la Justicia ha ordenado, sobre todo si las tierras "liberadas" pertenecían al Estado.

UN RECHAZO QUE CRECE

En este marco de multiplicación de los asentamientos, también comenzaron a crecer las manifestaciones de rechazo a las ocupaciones ilegales de tierras de parte de los habitantes de barrios cercanos a esas localizaciones. Esas reacciones no han incluido la violencia explícita como sí se registrado, hasta niveles inconcebibles, en la capital federal, pero, como bien saben los lectores de EL DIA, en nuestra región los episodios de resistencia vecinal a los asentamientos han ido alcanzando altos niveles de tensión y rispideces.

En los últimos meses hubo en La Plata varias situaciones en las que los vecinos formaron cordones y montaron guardias, dispuestos a no dejar pasar a quienes buscaban instalarse en terrenos linderos a sus barrios, y si finalmente no hubo choques fue porque éstos últimos desistieron de acceder a los predios que habían "elegido". En pos de expresar su rechazo, los vecinos ya instalados en la zona con frecuencia se han plegado, además, al recurso de las acciones ilegales, armando piquetes y cortando el tránsito durante días y semanas en calles y avenidas clave del área "amenazada" por una usurpación y un nuevo asentamiento.

DE LA CHISPA AL INCENDIO

Es sobre esta realidad bonaerense que "estalló" la capital federal con la usurpación del Parque Indoamericano y el violentísimo rechazo vecinal, configurando un escenario de guerra de piedras, palos y balas y un accionar gubernamental tan deficiente que ni siquiera se sabe si el saldo fatal son tres o cuatro muertos ni quién los mató.