CAPITAL FEDERAL, Septiembre 26.-Los empresarios contra el 14 bis: de Cuba a Ginebra. La carencia argumental y el olvido de la Constitución. Siderar, un ejemplo micro. La ley de medios, otro juez solícito y exorbitante. El papel para diarios, ninguneos opositores y búsqueda de acuerdo para aprobar la ley. La conflictividad creciente, lógica de una buena nueva.

El empresariado autóctono permanece en estado de alerta y movilización. Vaticina un posible advenimiento del socialismo bolivariano en la Argentina y actúa en consecuencia. El ambiente democrático, a veces, lo lleva a matizar su discurso bélico. Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), comparó a su patria con Cuba. Hasta sus pares y compañeros de ruta advirtieron el derrape a la inverosimilitud. Así que, de cara a la opinión pública, una pléyade de corporaciones optó por un registro más matizado frente a una de sus bestias negras: el proyecto de ley para distribuir ganancias patronales, en determinados casos.

“Viola el derecho de propiedad”, adujeron, sin reparar en que la Constitución, que lo reconoce (“conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”) también estatuye la participación de los trabajadores. Es, para mejor, un agregado de la honorable Revolución Libertadora en la apodada reforma constitucional de 1957.

La burguesía nacional es un mito urbano muy desleído, también un sector muy poco instruido. Su aptitud para el debate público es inversamente proporcional a su poder, a sus referentes les cuesta exponerse a la polémica, porque suelen dar pena. Los barbarismos, la precariedad del vocabulario y la chatura de Méndez distan de ser excepcionales, son la regla.

De cualquier forma, hubo en estos días un (bienvenido) esfuerzo por evitar las identificaciones desorbitadas. Las corporaciones se mudaron de la isla a Ginebra, para ser más precisos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Explicaron que ese organismo sugiere que haya discusión previa a las modificaciones en las leyes laborales. La prédica de la OIT es edificante en ese y otros aspectos. Las patronales la ignoran olímpicamente cuando postula la necesidad del trabajo decente o la prohibición del trabajo infantil. Hugo Biolcati, reelecto al frente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), pidió cobijo bajo el manto de la OIT. El hacendado mayor debería mirar mejor los desempeños de los sufridos ruralistas en la explotación de menores, su renuencia a conceder descansos semanales a la peonada, esas lindezas que también refulgen en documentos venerables.

Aun si tuvieran credenciales en regla, los empresarios deberían internalizar que un proyecto de ley es un excelente, acaso el más cabal, modo de discutir institucionalmente una nueva conquista laboral. Pragmáticos también, podrían confiar en la pléyade de legisladores que tienen la camiseta patronal puesta para defender con ahínco sus intereses.

Los capitalistas siempre tienen derecho a postular que sería ruinoso modernizar la legislación, en este caso tornar operativa la letra muerta del artículo 14 bis. Les asiste la posibilidad de mostrar cuadros de rentabilidad y competitividad, como lo hicieran antaño con el aguinaldo, la “ley de la silla”, la de accidentes de trabajo o las convenciones colectivas de trabajo. Su exaltación de la propiedad privada de los medios de producción sobre otras formas de propiedad (el patrimonio de los trabajadores lo es) es una pésima interpretación constitucional. La cuestión es armonizar los derechos, no establecer enojosas prelaciones, que implican privilegios.

Actualmente hay empresas privadas que reparten ganancias y no han quebrado. En la historia previa sobran casos en varias empresas públicas: YPF o la Caja Nacional de Ahorro Postal allá por los ‘70. También hubo “bonus” para todos los trabajadores en otras reparticiones públicas, en consonancia con sus superávit. El mundo siguió andando. Sobran precedentes similares en los países centrales y en varios de América latina.

La inconsistencia se disimula detrás de argumentaciones ad hominem. Esa ley, susurran, potenciaría el poder de Hugo Moyano. Queda lindo alegar así ante los grandes medios que identifican al secretario general de la CGT con Satanás. Claro que una ley regiría para años futuros, en los que habrá otros referentes, otros dirigentes. Y los pagos no irían a los bolsillos del camionero, sino de los laburantes.