Por Martín López Lastra
Mientras seguían escribiéndose los capítulos de la novela pre-electoral en el amplio espacio bonaerense, irrumpieron acontecimientos que obligaron a un brusco cambio de rumbo a Daniel Scioli. El gobernador está acostumbrado a rutinas bien preparadas de actos y discursos floridos, pero no a los problemas de agenda que suelen producir las relaciones generadas desde el universo de más de 15 millones de personas.
La inseguridad es ese estigma que acompaña a los mandatarios en general y que demanda un seguimiento intenso, donde la gran satisfacción es lograr que nada explote en un terreno tapizado de una generosa capa de pólvora. También exige disponer de un esfuerzo en planificación y en ejecución de políticas para que los mecanismos de respuesta estén aceitados. Esto, con suficientes recursos de capacitación y sin "contaminación".
En este presente la inseguridad adquirió una politización y mediatización que le transfieren una permanente y latente vulnerabilidad a quienes deben dar respuestas de eficacia. Los gobiernos han caído en una trampa por entender que había que politizar al extremo el problema o ceder ante esas eventuales demandas de esa politización.
Esas demandas se transformaron en apetecibles situaciones de explotación por parte de medios que, amparados en su hegemonía, presionan a los gobernantes. En este caso, Scioli, constructor de gestión en base al amparo mediático, también sufre, hoy por hoy, ante aquellas empresas que no lo van a acompañar siempre y de la manera que él estime. La colusión o alianza que hoy señalan muchos especialistas, y que se produce entre determinados políticos y determinados medios -tal cual señala Heriberto Muraro-, no es eterna.
La referencia previa es, tal vez, obligada a lo ocurrido con un caso de inseguridad en la vía pública de un matrimonio en vías de ser familia y que se trunca por el accionar de delincuentes, iniciado en una zona que debiera contar con todas las garantías de custodia. Lo político, el sentido común y lo emotivo, como criterios de alta trascendencia periodística, transformaron a la salidera bancaria ocurrida en la capital bonaerense en el "caso" emblemático de agenda de la inseguridad.
No es gratuita la alusión al criterio casuístico que hoy domina el universo mediático y político Tiene, como afirman los expertos de ciencias sociales, un carácter sinecdóquico de mostrar la parte como si fuera el todo. Pero también alcanza las calidades de una trampa. Ni el final feliz de una toma de rehenes en un Banco de Pilar debía alentar la gloria eterna y la conquista de la solución totalizadora. Ni tampoco un caso negativo, aberrante, como los hubo y hay muchos, debiera debilitar en su base a una imagen de gestión.
Pero aceptadas las reglas de juego, después de los dividendos, vienen los fuertes pasivos por amortizar: porque hacen efímeros los logros y dejan pendientes las deudas que, a su vez, acreditan fuertes intereses con el paso del tiempo.
Este mecanismo solidificado de demandas sociales-mediáticas y de exigencia de respuestas a una gestión es la materialización de la trampa.
Las exigencias sociales, que nos son productos construidos, sino entidades concretas, derivan en necesidad de respuestas. Los tiempos de instrumentación que tal vez analizaban el gobernador Scioli y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, no son tal vez los que se pensaban desde un principio.
Cerca de 16 proyectos se giraron en velocidad mach
