Luego de que finalizara el juicio en San Nicolás días atrás con condenas de 14 años para cuatro acusados y a tres años para dos, por la muerte de un oficial de policía en mayo de 2018, desde la defensa de dos de los imputados denunciaron graves irregularidades en la investigación y le apuntaron a los fiscales.

El abogado Gabriel Rogelio Ruiz, defensor de dos de los acusados, Máximo Arroyo y Juan Feliciano Arroyo, presentó la denuncia contra los fiscales Rubén Giannoro y Franca Padullo ante la Procuración de la Corte Bonaerense.

El letrado pidió también ante el Tribunal Oral Criminal 1 un recurso in extremis luego de comprobarse en el proceso de debate que los fiscales omitieron presentar una prueba de vital importancia: el arma homicida que había terminado con la vida del joven Javier Rivero (28), crimen que desencadenó una pueblada y la muerte del oficial de Policía Mauro Maldonado, de un disparo en la cabeza, al parecer con la misma arma (un revólver calibre 22), y en la lesión de otro efectivo de un piedrazo en la cabeza.

El abogado denunció a los fiscales por los delitos de exacción ilegal en concurso real, encubrimiento agravado, tráfico de influencias, uso ilegal de las fuerzas públicas, asociación ilícita y por violar la ley de inteligencia.

“Escondieron el arma homicida para inculpar a seis ´perejiles’ y por esa ‘chanchada’ hay cuatro hombres condenados a 14 años de prisión y otros tres a 3 años de prisión. Mientras que otro, declarado inocente, estuvo cinco años preso”, afirmó Ruiz.

En el juicio se supo que al allanar la casa de los imputados por el crimen de Rivero, los policías no encontraron nada. Eso fue los primeros días de mayo. Y luego, cuando una mujer adquirió la propiedad halló en un colchón quemado un revólver calibre 22.

Ese hallazgo nunca fue manifestado por los fiscales y de esa manera perjudicó a los finalmente condenados.

Entre las irregularidades de la investigación Ruiz destacó que el 85 por ciento de los testigos eran amigos de Maldonado, que la prisión preventiva superó ampliamente los dos años, que dieron como válida la investigación de un oficial policial de apellido Sánchez, el que realizó investigación criminal sin el protocolo autorizado y que a los condenados nadie vio tirando piedras.

Además, el abogado indicó que a uno de sus defendidos policías le ‘plantaron’ un arma de fuego y que el testigo civil fue inhábil, ya que no sabía leer ni escribir.

“El arma que ‘plantaron’ no servía. Las pericias comprobaron que por las fallas mecánicas que tenía no era apto para el disparo”, contó el letrado.

Como se recordará, Maldonado resultó herido gravemente al sufrir un piedrazo en la cabeza, cuando no tenía el casco colocado por no tenerlo provisto, el 1 de mayo de 2018 en el barrio Las Mellizas, lo que provocó la muerte horas después en el Hospital San Felipe.

Aunque la pueblada ocurrió un noche lluviosa, sin casi iluminación, es decir con escasa visibilidad, vecinos acusaron vía el oficial Sánchez a nueve ‘perejiles’, y protegieron de esa manera a Javier Contreras y Jesús Dinapoli, los hermanos detenidos por el crimen de Ribero, explicó el abogado.

El letrado agregó que si a Contreras y Dinapoli lo condenaban por los dos crímenes, iban a prisión perpetua, y al parecer ellos actuaban con connivencia policial para vender drogas en el barrio.

Por lo expuesto, si prospera la denuncia, los fiscales Giannoro y Padullo, serían sometidos a un juicio político. Además, si el tribunal no accede al recurso in extremis, la defensa de los Arroyo, apelará a Casación.

El jurado había encontrado culpables de “Homicidio en grado de tentativa” a Máximo Arroyo, Axel González, Nicolás Barrios y Mauricio Giménez. Los cuatro fueron condenados a 14 años de prisión. En cuanto a Iván Cabrera y Juan Arroyo, se los condenó a tres años de prisión condicional por el delito de “Daños”.