LA PLATA, Noviembre 15.-(Por MARISA ALVAREZ) Si algo le faltaba a la problemática de la inseguridad era que personajes salientes del oficialismo nacional como el ex piquetero Luis D`Elía y el senador Miguel Pichetto cubrieran de insultos y agravios a las figuras más famosas de la televisión por reclamar que "se haga algo" para mejorar esa situación.

Desde el oficialismo con responsabilidades institucionales, sólo el gobernador Scioli aportó sensatez. Están tan mal las cosas que su defensa del derecho de Legrand, Tinelli y Susana a expresar públicamente su preocupación y su demanda de freno a una delincuencia asesina, sin ser por eso vituperados y acusados de cualquier cosa, resultó necesaria y destacable. Opinar es un derecho inalienable que debería poder ser practicado por todos y cada uno de los ciudadanos sin necesidad de que alguien tenga que defenderlos.

Pero además esos cruces derivaron en una polémica que acapara la atención y amenaza con desviarla del eje del drama de la inseguridad.

Los asaltos se llevan la vida de un bonaerense cada cuatro días. Es la media que surge de lo que pasó en el primer semestre de este año. Es necesario reiterarlo porque sólo unas pocas de esas muertes trascienden con la fuerza necesaria para obligar a los funcionarios a asumir públicamente una realidad que la ciudadanía ya conoce porque la padece diariamente. Esta vez fue el caso Cáceres -quien, a 15 días del ataque, aún pelea por su vida- el que reinstaló el tema. Y fue en ese marco, cuando se esperaban de su área precisiones sobre cómo se encarará esta situación crítica, que el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, anunció que preparaba un proyecto orientado a darle más poder a la Policía, con el objetivo de que ésta "gane la calle".

Es complejo hacer observaciones, sin ser malinterpretado, sobre un plan que contempla, por caso, sanciones para quienes cortan las calles y para los que marchan encapuchados y ostentando palos y fierros en ostensible actitud intimidatoria. Pero no puede dejar de advertirse que, más allá de algunas medidas acertadas sobre "fenómenos" de estos tiempos, el proyecto que anunció Stornelli y que trascendió por estas horas constituye un largo decálogo de "inconductas" que quizás podrían hacerle "ganar la calle" a la Policía, pero que difícilmente aporten algo para combatir a la delincuencia que devasta a la Provincia.

El proyecto en cuestión mezcla viejas contravenciones con delitos ya tipificados y previstos en legislación vigente (hasta en la Constitución, como la obstaculización del libre tránsito), sin que se entienda porqué hasta ahora no se han combatido; asuntos en los que la Policía ya tiene facultades para actuar; y, sobre todo, una larguísima lista de infracciones de neta incumbencia municipal.

Esta reforma incluye, así, la tenencia de "animal peligroso o salvaje", la realización de obras que obstruyan un camino sin autorización, el "descuido de una demolición o de construcciones que pongan en peligro la seguridad de las personas", y hasta "la colocación de carteles o inscripciones de cualquier naturaleza en edificios, monumentos, paredes o cercos, sin permiso municipal", los ruidos molestos y la formación de basurales.

No caben dudas de que se trata de infracciones que deben sancionarse. Lo que se plantean los especialistas es que se trata de un compendio de funciones municipales básicas. Y el interrogante es si la Policía no dispersará recursos, hombres, tiempo y esfuerzos en ocuparse de asuntos de los que ya se ocupan -o deberían- agentes e inspectores comunales, en lugar de concentrarse en combatir el delito que pesa y mata.

Mientras tanto, la Policía bonaerense tiene una serie de facultades propias expresamente previstas para la prevención de delitos. Sin orden judicial puede, por caso, demorar personas "por sospechas" y por averiguación de identidad y antecedentes, requisar qué lleva la gente en sus ropas y en sus autos, hacer operativos de control y requisas de transporte de pasajeros y de carga, y hasta allanar y clausurar locales en "casos de urgencia". ¿Utiliza la Policía estas atribuciones? ¿Las utiliza correcta y eficientemente?

Es importante, en fin, que el Estado recupere la calle para restablecer pautas de convivencia y el orden que parecen perdidos (aunque algunas de las medidas proyectadas son muy controvertidas). Lo que no resultaría útil ni bueno es que se presentara como esencial para combatir la delincuencia un conjunto de medidas que ya existen -pero no se aplican- y de otras nuevas