CAPITAL FEDERAL, Febrero 19.-( Por Mario Wainfeld) Qué es ser “suertudo”, en distintos contextos. La suerte que eligió Menem; la del kirchnerismo. Las instituciones plasmadas desde 2003, lo que mejoran y lo que condicionan. La paritaria docente, en la cuenta regresiva. Los números, el clima, un reclamo del Gobierno. Moreno, el que siempre está. Algo sobre virar en “U” o mantener el rumbo.
En un discurso pronunciado en El Calafate, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aludió a la situación económico-laboral en el primer mundo y a la relativa falta de movilizaciones de protesta. Apuntó que los gobernantes de esa región son “suertudos” porque pueden arrasar con derechos e ingresos sin mayores reacciones mientras en Argentina hay reclamos mucho más intensos, en un contexto de aumentos salariales y jubilatorios. Las comillas valen porque la oradora ironizaba. Desde luego, la ironía es un recurso de doble filo: incluye un reproche a quienes, a su ver, redoblan demandas en un contexto que exigiría más contención. Pero también es cierto, y central, que la capacidad reivindicativa de los argentinos es comparativamente alta. Y que el oficialismo decidió desde sus albores no tener esa “suerte”, sino promover otro modelo de sociedad.
Carlos Menem, el hombre del destino, contó con esa “suerte” en parte porque la encontró y en parte porque la construyó. Las secuelas de la dictadura, el fracaso de la política económica alfonsinista, las hiperinflaciones diezmaron y disciplinaron a la clase trabajadora. Menem acentuó las tendencias con una política tenaz e impiadosa. Arrasó con la legislación laboral, noble faena que la Alianza completó.
El kirchnerismo, entre otras variables, reavivó a los actores sociales, los sindicatos principal pero no exclusivamente. Al promover la puja distributiva y mejorar, pari passu, las condiciones de empleo, generó una coyuntura de mayor poder relativo de los gremios y de la CGT. Hay un componente fáctico: los tiempos de malaria disuaden la protesta o la transforman en estallidos o intentos revolucionarios. En trances de crecimiento y relativo bienestar, el potencial de las organizaciones sindicales se fortifica. El Gobierno consolidó esa tendencia empírica con un armado institucional que no suele reconocérsele: paritarias anuales con la innovación de la docente, reuniones anuales del Consejo del Salario, aumentos jubilatorios semestrales a través de un coeficiente fijado por ley, Asignación Universal por Hijo (AUH). El entramado abre instancias de participación reglada, con contrapartes vivaces y envalentonadas. Es un progreso enorme, una poliarquía en acción.
Se comenta, con razón, que el kirchnerismo acrecentó el poder político, el del Estado y el del Gobierno. Una mirada más abarcativa agregaría que los sindicatos, las organizaciones sociales, los organismos de Derechos Humanos tienen un poder relativo bastante superior al de cualquier otra etapa. Tal la lectura del cronista que asume que el poderómetro no es una herramienta de precisión, que sus mediciones son opinables. Todas esas organizaciones de la sociedad civil tienen juego propio (más allá de su contingente cercanía o distanciamiento de la Casa Rosada) porque una institucionalidad más vasta los tutela y les “abre juego”. Y también porque el discurso kirchnerista se ufana del empoderamiento de las organizaciones... lo que lo expone más a sus críticas o rupturas.
Vaya una digresión parcial. La Corte Suprema actual acaso no disponga del poder omnímodo de la menemista. Pero sí cuenta con recursos (y voluntad) para moverse como contrapeso al Ejecutivo o al Legislativo cuando así le pinta. Esa Corte, asimismo, es una innovación institucional del kirchnerismo. Hay quien mueve el dedito y fustiga: “El Gobierno no quería eso, aspiraba a una Corte afín y más alineada”. Podría (o hasta podrá) ser, pero el ex presidente Néstor Kirchner (que no era cándido, precisamente) asumió ese riesgo, innovó y mejoró el diseño de la división de poderes.
Volvamos al núcleo, al real funcionamiento de la puja salarial merced a la normativa vigente y novedosa.
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Nada es sencillo: Vamos a la paritaria docente, sin ir más lejos. Si se miran los principales países de la región, sólo el nuestro tiene una instancia nacional en la que se negocia el piso salarial para los maestros. En un riguroso trabajo editado por la Organización Internacional del Trabajo, el politólogo Sebastián Etchemendy acude al método comparativo y comprueba que no hay institución semejante en Uruguay, Brasil, México, Perú ni Chile.
El mecanismo se instauró como parte de políticas más amplias tendientes a reparar el desquicio causado por la fragmentación del sistema educativo. Un prodigio de los noventa que tuvo demasiada claque, que sería ingrato recordar.
El diseño es un quebradero de cabeza para los funcionarios nacionales, aunque ha significado mejoras significativas en los sueldos de los maestros. El sistema sigue siendo federal: los sueldos los pactan los gobiernos provinciales con los gremios locales. La paritaria nacional dispone un piso, no una escala general, ni mucho menos un techo. El Fisco nacional apoya a las provincias de menos recursos para sostenerlo, hoy día son once. El Fondo de incentivo docente es otro aporte dinerario de la Nación. El círculo se redondea con la nueva espera de la deuda con la Nación concedida a las provincias no bien comenzó el segundo mandato de Cristina Kirchner.
Las tratativas se repiten desde 2008, siempre fueron arduas. Desde ambos lados de la mesa se concuerda: las de 2012 están muy trabadas, tal vez como nunca. Los representantes del Gobierno mencionan el contexto internacional y piden contención a las cinco confederaciones nacionales de sindicatos. Estas se plantan en un piso de 3000 pisos para el docente con dedicación simple. La diferencia es algo así como 200 pesos. Todo es según el color del cristal con que se mira: el número puede saber a poco en el bolsillo de los laburantes pero es mucho para los gobernadores que los multiplican por cientos de miles de maestros. Hay rezongos mutuos sobre la falta de voluntad del “otro”.
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