LA PLATA, Noviembre 29.-Una vez más el flagelo de la inseguridad irrumpió con fuerza y ocupó el primer lugar en la agenda pública, ante la sucesión de asesinatos en ocasión de robo que provocaron una profunda conmoción popular.

Lejos de preocuparse por la situación, la presidenta Cristina Kirchner y su esposo parecen destinar su tiempo a otros menesteres, como es hacer propaganda con el nuevo DNI como si fuese un giro copernicano en el Estado: llamativamente se grita a los cuatro vientos que el sistema es ajeno a los negociados, como si se tratara de un hecho inédito y no de una obligación.

Hace meses que la primera mandataria no habla de la ola de delitos que pone en vilo a la sociedad y la estrategia pasa por dejar que del tema se preocupen la Provincia y los intendentes, muchos de los cuales no dudaron en sumarse a las protestas. El séquito de aplaudidores que suelen acompañar al matrimonio también opta por el silencio.

La única reacción de la Casa Rosada fue convocar a una reunión al esposo de la docente asesinada en Derqui, invitación que no pudo prosperar dado el estado de conmoción que, como es lógico, aún afecta a los familiares de la víctima.

Resulta evidente que los Kirchner optan por considerar la inseguridad desde un punto de vista ideológico, y no como parte de una política de Estado. El hecho de haber priorizado el clientelismo, en lugar de implementar políticas universales para combatir los bolsones de pobreza e indigencia estructurales que existen el país, trajo sus consecuencias: muchos de los delincuentes que terminan asesinados por un auto son los excluidos que no tienen la más remota chance de acceder a un trabajo digno.

Por lo bajo, los Kirchner están convencidos de que la inseguridad es sólo una sensación, construida por los medios. Y eso le impide ver las raíces de los problemas: si el 40% por ciento de la población es pobre, si hay 500 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en el Gran Buenos Aires, difícilmente haya paz social entre los que no tienen absolutamente nada que perder y una clase media cada vez más aterrorizada. Y a esto se le suma que las fuerzas de seguridad han sido vapuleadas por el poder político durante años, lo que imposibilitó la implementación de reformas que tiendan a profesionalizarla. Difícilmente, en estas condiciones se pueda entablar una lucha contra las bandas delictivas que operan en territorio provincial.

La estrategia del gobierno de Daniel Scioli, ante la ola de reclamos ciudadanos, pasó más que nada por volver a anunciar leyes rigurosas para que la Policía tenga más facultades para combatir el delito y con más límites a las excarcelaciones. Pero, al igual que sucedió en anteriores ocasiones, son meros parches. De poco servirán si se instrumentan en forma aislada. ¿Qué efecto pueden llegar a tener si no existe una profunda reforma judicial? En las últimas décadas el poder político ha tenido una excesiva injerencia tanto en la designación como en la no destitución de funcionarios judiciales, muchos de ellos sospechados de haber incumplido con su labor. A su vez, muchos jueces y fiscales, de probada idoneidad, quedaron rezagados. Por eso, el Consejo de la Magistratura bonaerense sigue estando en la mira pero las reformas que se han impulsado, como la que propuso el juez Luis Federico Arias junto con la Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo, quedaron cajoneadas por los factores de poder.

Scioli, tibiamente, ha intentado tomar cierta distancia del kirchnerismo, al plantear propuestas más ligadas a la mano dura que no encuentran eco en la Rosada. Pero la administración provincial también choca con un problema interno: las diferencias cada vez más notorias entre funcionarios a la hora de definir los pasos a seguir. A principios de la semana, en una entrevista exclusiva con Hoy, el ministro Carlos Stornelli se quejó de las “movidas desestabilizadoras”, habló de “buitres” y acusó directamente a León Carlos Arslanián. Pero también trascendieron internas dentro del gabinete sciolista, con funcionarios que habrían impulsado operaciones en alianza con importantes autoridades de la Justicia bonaerense.

Otros dolores de cabeza

Los dramas del gobierno bonaerense no sólo se remiten a los problemas de seguridad. A medida que el año va llegando a su fin, las dificultades económico financieras se agudizan cada vez más al punto que aún no se sabe a ciencia cierta cómo y cuándo se pagarán los aguinaldos en la administración pública provincial.