CAPITAL FEDERAL, Septiembre 05.-(Por Mario Wainfeld) Kafka y Victor Hugo, evocados en un fallo penal. Las divisiones internas entre los jueces. Los que abarrotan cárceles y los que honran la Constitución. Los que dejan ver los procesos y los que apagan la luz. La Corte ante la judicialización. Sus manejos, límites. La ley de medios, presiones privadas y reproches públicos.

Marta Isabel Brizzolaro intentó llevarse, subrepticiamente y sin pagar, un chocolate blanco marca “Día” de un supermercado. La mercadería valía dos pesos. Fue descubierta, denunciada, se abrió una causa penal. En junio de este año, la Sala V de la Cámara del Crimen porteña decidió absolverla, declarando la “falta de acción”. El argumento central de las juezas que formaron mayoría, Mirta López González y María Laura Garrigós de Rébori, fue lo que en jerga legal se llama “principio de insignificancia”. Consideraron “nimia” la “afectación al derecho de propiedad”, que es el protegido cuando se penaliza al hurto.

La ciudadana, pues, quedó dispensada de culpa y cargo, tras un trámite que insumió meses, dos instancias, horas de labor, un toquito de fojas que seguramente costarán más de dos pesos, zozobras, esperas y padeceres. El juez Rodolfo Pociello Argerich votó en disidencia, por la condena, aduciendo que la protección al derecho de la propiedad “es tan amplia que éste se verá afectado, más allá del valor económico que la cosa posea”.

El caso prueba algo usualmente subestimado por los profanos, es que la ley siempre es interpretada, traducida por los jueces. Un dato incrementa su moraleja impactante: la señora Brizzolaro tuvo suerte con el tribunal que le tocó. En la mayoría de los juzgados y Cámaras del país, prima el criterio de Pociello Argerich. Hace pocas semanas un hombre fue enviado a juicio oral, eso sí, por un hurto de mayor magnitud: seis barras de chocolate. La misma Sala V tiene antecedentes similares votados en sentido inverso, con otra integración. La encausada también fue “afortunada” por el momento histórico en que lo hizo. Diez años atrás, sus chances de salir absuelta eran estadísticamente mucho menores que ahora.

El cronista siempre reniega cuando se llama “Justicia” al Poder Judicial, un estamento del Estado que no debería definirse por el objetivo que (imaginariamente) persigue. Los otros poderes no tienen esa eminencia, a nadie se le ocurriría apodar (por ejemplo) “bien común” al Legislativo o “bienestar general” al Ejecutivo.

Las divergencias entre los jueces son comidilla cotidiana. Son enormes, tan grandes como la distancia que va de la sanción penal a la inocencia de una mujer que manoteó un chocolatín que no le movió el amperímetro al patrimonio de su “víctima”.

Hay situaciones más divulgadas, más tremendas, que se reseñarán en párrafos siguientes.

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Presos sin condena: La voz de la calle pide condenas tremendas. Un periodismo fervoroso descubre culpables de pálpito, hace tabla rasa con la presunción de inocencia. La vindicta colectiva, a la que suman dirigentes políticos y gobernantes, agrega otras ilegalidades: que los sospechosos vayan a parar a la cárcel “ya” es exigido como regla cuando, conforme a las normas, es una excepción.

Según cálculos de los organismos de derechos humanos, en la provincia de Buenos Aires hay 22.500 presos sin condena, atravesando extensos procesos. Son el 75 por ciento de los encarcelados. La senadora Hilda González de Duhalde reclama la construcción de más cárceles. El gobernador Daniel Scioli recibe una vez al mes a la Comisión de la Memoria, que le reclama por los ciudadanos privados de su libertad siendo, hasta tanto haya sentencia firme en su contra, inocentes. Los escucha, con su habitual modo respetuoso, y no hace nada por reparar el desquicio. Más bien lo agrava.

El Poder Judicial no es ajeno a estas tropelías. No podría serlo, de él surgen las prisiones preventivas dictadas a mansalva, con la mirada más puesta en la opinión pública (o en su tramo más vociferante) que en los códigos. Son consabidos la extracción social y el color de la tez de casi todos los reclusos.