CAPITAL FEDERAL, Febrero 26.-( Por Mario Wainfeld) Las víctimas y la identificación de los ciudadanos. Los derechos de los pasajeros ciudadanos, mal atendidos. La querella oficial, un paso en falso. La necesidad de una respuesta política. El sistema ferroviario, su destrucción, la necesidad de repararlo. Los debates que van más allá de TBA, los desafíos para el Gobierno.
Las víctimas directas de la tragedia del miércoles pasado son o eran personas de trabajo, de clases populares o medias. La mayoría de los usuarios del tren en esos horarios no viven al lado de su estación ni trabajan cerca de Plaza Once. Deben pues, diariamente, tomar dos o tres medios de transporte. Muchas horas de su vida transcurren ahí, tienen derecho a una prestación digna y, más vale, a llegar a su destino indemnes y sin malos tratos.
Personas del común, trabajadores que añaden al esfuerzo cotidiano el de movilizarse. La identificación de los demás ciudadanos, conmovidos y solidarios, es clavada. Un par de corolarios, evidentes y válidos, se tornan sentido común: “Eso pudo ocurrirme a mí o a mi familia” y “no fue un hecho azaroso sino la consecuencia de un sistema que debe cambiar”. Ninguna pericia judicial, arriesga el cronista, podrá alterar esas convicciones, que no se dejan dividir por la díada “oficialismo-oposición”. Los llamados de oyentes a las radios, los blogs más afines al Gobierno (hay post recomendables en Artepolítica, en La Barbarie, en Mendieta el renegau) expresan la disconformidad con el presente y el reclamo a futuro.
La tragedia evoca, con sus variantes que incluyen el lugar en que se produjeron, a la de Cromañón. Claro que, en ese caso, confluyeron responsabilidades de los músicos y del particular que arrojó la bengala. En éste, los pasajeros no influyeron para nada en el desenlace. Las responsabilidades que deben investigarse son las de la empresa TBA, el Gobierno y el motorman. Las primeras medidas solicitadas por el fiscal Federico Delgado no se circunscriben sólo a la dinámica del choque sino también a cuestiones de contexto como el estado del material rodante, las inversiones realizadas, los protocolos de seguridad utilizados. Adelantar algo en ese sentido es temerario y superfluo. La causa penal lo dirimirá y es esencial que se tramite con la mayor celeridad y credibilidad.
Pero hay un trasfondo político, responsabilidades de gestión del concesionario y del concedente, que debe abordarse de modo acuciante sin esperar a los largos plazos de los expedientes.
El ministro Julio De Vido anunció que el Estado se presentará como particular querellante para cobijar el interés de las víctimas y que se esperará a la Justicia para tomar decisiones administrativas. La información disponible al cierre de esta nota es que el Gobierno no aplicará (no se restringirá a) tal criterio, que el cronista juzga erróneo. La intervención a TBA y la caída de la concesión están en el menú de decisiones que se estudian en la Casa Rosada. A los ojos del cronista, revocar la concesión es un primer paso, tan imprescindible como insuficiente.
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El estado querellante: La querella estatal está guiada, explican en el Gobierno, por el afán de ponerse del lado de los damnificados. El loable objetivo se cumplió acabadamente con los sobrios anuncios de los ministros Alicia Kirchner y Juan Manzur de prestar atención médico psicológica y contención a familiares de víctimas fatales y a sobrevivientes. La querella, en cambio, es un paso en falso por dos motivos básicos: agrega una quinta rueda al de por sí lento carro de “la Justicia” y hace caso omiso de que el Estado debe ser investigado. Por otra parte, el interés general está representado por el Ministerio Público (la Fiscalía). Y el estado no es una ONG que puede entrar a un expediente en el que todo debe ser puesto bajo la lupa. El juez federal Claudio Bonadío debería desestimar el planteo, lo que no resentiría en nada los derechos de los damnificados.
Las carencias de TBA, que para muchos son flagrantes, pueden implicar responsabilidades de funcionarios, nadie debe interferir en esa procura. Por cierto, la culpa penal es una mira muy estrecha: requiere comisión de delitos, usualmente dolosos. La responsabilidad de gestión es mucho más vasta, debe juzgarse de modo veloz y no rige para ella la presunción de inocencia.
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El maquinista y la empresa: El maquinista Marcos Antonio Córdoba (que cargará de por vida la terrible imagen de lo sucedido con el consiguiente trauma en cualquier caso, aunque sea plenamente inocente) declaró que los frenos no funcionaban bien. Que había avisado a sus superiores y se le ordenó seguir. Otros testimonios de empleados ferroviarios, extrajudiciales por ahora, hablan de insuficiencias endémicas en los frenos y específicas en esa formación. Muchos especialistas, relevados en este diario entre otros, concuerdan en que el material rodante es obsoleto, lo que pudo no incidir en el choque mismo pero sí en la magnitud de sus consecuencias.
Las versiones oficiosas sobre los hechos difieren mucho, seguramente tanto como sus propaladores. Algunas atribuyen a Córdoba haber mandado mensajes de texto segundos antes de la catástrofe. La culpa exclusiva del maquinista es una tabla de salvación deseada por los empresarios. La discusión, propone este escriba, debería ir más allá y aún más atrás.
Puesto a modo de slogan y sin negar la terrible gravedad del accidente y la necesidad de dar con sus culpables: es válido cuestionar si TBA prestaba un servicio acorde con sus deberes el martes pasado, horas antes de la tragedia. Esa pregunta ya fue respondida por usuarios, organismos de control, sindicalistas del sector, académicos interesados en la materia (de posiciones políticas muy variadas y prestigio elevado): TBA ha incumplido aspectos básicos de la presta
