LA PLATA, Noviembre 01.-(Por Marisa Alvarez) Algunos con mayor impacto público que otros, los conflictos salariales se adueñaron definitivamente del escenario bonaerense.

Ha sido el paro de los docentes, por su incidencia descalabrante en el funcionamiento cotidiano de cientos de miles de familias, concretado el jueves, el que puso en las marquesinas el estado de conflictividad que afecta servicios esenciales de la Provincia. Pero hace meses que los médicos de los hospitales atienden sólo emergencias dos veces a la semana; y que no todas pero muchas escuelas pierden días de clases por los paros (también dos días a la semana) de uno de los gremios que nuclea a los porteros.

También los judiciales ingresaron en un cronograma de una jornada semanal de paro o asamblea. Y en el medio, permanentemente surgen conflictos en ministerios y organismos que podrían definirse como puntuales, expresados en paros que empiezan a mostrar alguna tendencia a "copar" instalaciones y a "piquetear" la cuadra en que estén ubicadas esas dependencias.

En ese panorama, sólo el conflicto docente se basa en un reclamo de aumento salarial directo antes de que termine el año. Los restantes tienen que ver con pedidos de medidas diversas -pases de categorías, incorporaciones a planta permanente, reformulación de las Urpes-, aunque todos implican, en mayor o menor dimensión, mejoras en los sueldos. Algunas de esas demandas -las menos masivas- van siendo resueltas. Otras se van eternizando. Y se desconoce si alguien en el Ejecutivo está prestando atención a la "globalización" y la persistencia que, más allá de los matices particulares de cada caso, ya muestra el conflicto en la Administración pública bonaerense.

MEDIDAS Y RESULTADOS

En la contracara, el Gobierno enfrenta estos reclamos a partir de la explicación genérica que alude a la crítica situación financiera del Estado provincial, incluido un rojo de más de 2.000 millones para cerrar el año sin tener que postergar el pago de sueldos; marco en el que la Gobernación sostiene la "imposibilidad absoluta" de atender demandas salariales para este año. Una explicación que la mayoría de los gremios al frente de los conflictos no parece computar a la hora de definir la metodología que aplicarán para conseguir sus objetivos.

De hecho, algunos de los planes de paros llevan, como se dijo, meses de vigencia sin un solo logro en lo que hace a sus demandas, mientras crece el perjuicio a los ciudadanos que necesitan de los servicios denegados. Otros, los menos, en cambio, con relación a la extendida problemática de las Urpes por ejemplo, han cerrado acuerdos que dividen el costo de la medida para el Estado -el beneficio para los trabajadores- entre lo que queda del año y los primeros meses del que viene.

Mientras tanto, recién anteayer el gobierno de Daniel Scioli pudo tener la seguridad de que podrá pagar de acuerdo al cronograma habitual -entre mañana y el viernes- los sueldos de octubre. Esta liquidación implica unos 2.500 millones de pesos y hasta la noche del jueves pasado no estaba garantizado ese volumen de fondos para la semana que comienza hoy. Por eso -contra la pueril explicación extraoficial de que la Tesorería General de la Provincia tenía desactualizado su sitio en internet- ese organismo no publicó en la web hasta el viernes el cronograma de pago de los sueldos de octubre.

RELACIONES COMPLICADAS

También aparecen como conflictivas por estos días las relaciones entre sectores clave del oficialismo provincial, a partir de las cuales algunos proyectos de ley ingresaron en un trámite lento que, si se tratara de un formal tironeo gremial-laboral, quizás podría ser definido como un paro.

El centro de esas desaveniencias pasa ahora -a veces encuentra otros ejes- por el Senado, donde parecen estar aflorando las secuelas del papelón que el oficialismo pasó allí hace algunas semanas, cuando tuvo que aprobar la reforma impositiva en el mismo momento en que el Ejecutivo hacía reuniones para, valga la redundancia, reformar la reforma.

Contra las pretensiones del Ejecutivo, que pedía que los proyectos fueran sancion