Lo ocurrido en las últimas semanas puso de manifiesto no sólo que el kirchnerismo no está dispuesto a hacer ningún cambio sustancial en su forma de hacer política y construir poder, sino también que la oposición se encuentra raquítica, disgregada y con referentes que están perdiendo una oportunidad histórica para impulsar alternativas superadoras.
En las páginas de este diario, mucho antes de que el Gobierno se peleara con el Grupo Clarín, se planteó la necesidad de que se desmonopolice el manejo de la información que tantos aportes recibió del kirchnerismo a partir del discrecional reparto de la publicidad oficial y de las concesiones que el matrimonio presidencial le dio al mismo grupo al que ahora dice enfrentar. A su vez, el monopolio que ahora ve peligrar sus privilegios buscó construir mediáticamente su batalla particular como si estuviese en juego el futuro de la patria.
Tanto oficialismo como oposición se enfrascaron en la discusión de una ley que, en rigor, poco contribuye a mejorar los grandes problemas que se viven en el país. Mientras diputados y senadores en los últimos dos meses encabezaron extensas reuniones de comisión, y protagonizaban sesiones extenuantes de más de 12 horas, los niveles de pobreza y desocupación reales no dejaron de crecer. La situación económica diariamente suma datos negativos que tornan incierto el futuro cercano, a lo que hay que agregar que millones de argentinos verán mermar su poder adquisitivo como consecuencia de los tarifazos que comenzaron a aplicarse a partir de este mes. A eso se le sumaría, antes de fin de año y en caso de que el Congreso apruebe un proyecto que enviará el Ejecutivo nacional, un aumento de 86% en el monotributo que también perjudicará sensiblemente a miles de pequeños contribuyentes.
De esta manera, el resultado final de la pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín fue una gran cortina de humo, que también fue utilizada por algunos sectores políticos para hacer negocios y llevar agua para su propio molino.
Un claro ejemplo de esta situación se dio en la provincia de Buenos Aires, donde en la semana que pasó se conoció que el gobierno de Daniel Scioli le renovó por 12 años a Codere la licencia del Bingo Platense. Se trata de un convenio de tinte escandaloso, dado que la empresa española, para quedarse con un negocio que genera 200 millones de euros por año, solamente deberá pagar a los bonaerenses un canon que es equivalente al 14% de los ingresos que obtiene por año.
Lo peor de todo es que la Provincia le dio la posibilidad de pagar el canon en 60 cuotas. Este tipo de contrato leonino se repetirá en todos los bingos, cuya licencia vence en los próximos meses. El gobierno bonaerense ni siquiera envió una gacetilla de prensa comunicando la novedad, por lo que la información se oficializó a partir de lo anunciado por Codere a
De esta manera, los verdaderos perjudicados volverán a ser los bonaerenses, en una provincia que tiene muchas dificultades para pagar sueldos y brindar niveles mínimos de seguridad y educación. Se priorizó una vez más hacer negocios con los amigos, en lugar de defender los intereses de la principal provincia del país. De paso, el sciolismo allanó el camino para que Cristóbal López, el empresario preferido de
Si el gobierno hubiese tomado la decisión de manejar sin intermediarios los fondos del juego, se estaría en condiciones de implementar importantes programas de desarrollo económico y social, en una provincia con el 40% de su población en situación de pobreza. A su vez tendría más herramientas para controlar una actividad que causa verdaderos estragos en sectores humildes de la sociedad que recurren al juego como única salvación ante la adversidad económica.
Al escándalo se le sumó la postura de gran parte de la oposición que, salvo algunas excepciones, guardó un sospechoso silencio. ¿No tenían nada para decir los diputados y senadores provinciales cuando la Constitución provincial establece que la regulación del juego es potestad de
