CAPITAL FEDERAL 29.-(Por Mario Wainfeld) Rumores tremebundos y realidades negadas. El cauce institucional, un acierto que desconcertó. Diputados, una escala, primera medición del porotómetro. Falacias sobre la dictadura. Un contexto innegable. Datos duros sobre un contrato leonino. Una investigación añeja. Y apuntes sobre el trato a las víctimas.

Una ola de rumores tremendistas recorría el espinel político-empresario local antes del discurso de la Presidenta. La fantasía paranoica no escatimaba nada: detenciones ipso pucho de popes del establishment, intervención a Papel Prensa, expropiación (sin reparar en que exige ley e indemnización previa), confiscación, toma de las instalaciones. Cristina Fernández de Kirchner anunció que se promoverían denuncias o querellas ante el Poder Judicial y que se enviaría un proyecto de ley al Congreso. El encauzamiento institucional alivió y enardeció al mismo tiempo al Grupo A y a su conducción empresaria. Sin poder disimular el mal humor, portavoces legislativos y periodísticos del sector explicaron esa sensata decisión como un retroceso, impuesto por sus anticipos preventivos. A estarse a ese relato, el kirchnerismo es un chavismo de baja intensidad, que se frena ante conferencias de prensa, entrevistas cariñosas en canales de cable y solicitadas previsibles de las corporaciones.

La única verdad, de momento, es que la Presidenta interpeló a los otros poderes del Estado y dinamizó un debate relevante en la opinión pública: la responsabilidad civil, empresaria en especial, en la dictadura apodada “Proceso”. El resto engorda la nómina de mitos urbanos.

El judicial y el parlamentario son escenarios arduos para la intención del Ejecutivo. En los tribunales, pesa sobre quien reclama la “carga de la prueba”. La persistencia de lo firmado en materia comercial y la presunción de inocencia en materia penal sustentan a quienes defiendan lo obrado. El Congreso vale un párrafo, que ya viene.

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Cámara baja: El proyecto de ley, tras algunos cabildeos en Olivos y la Casa Rosada, tendrá a Diputados como cámara iniciadora. La privilegió como escenario político, que fuerza a definiciones a un abanico opositor muy variado, respecto de la mayor paridad de fuerzas existente en el Senado.

El texto escrito por el secretario legal y técnico Carlos Zannini repite su tendencia al “minimalismo legislativo”, como lo apodan los operadores parlamentarios del Frente para la Victoria. Tiene un articulado breve, que va al hueso del problema: redefinir el “mercado” (por llamarlo con una licencia poética) del papel para diarios. Un monopolio típico, sobre el cual deberán definir posiciones las distintas vertientes opositoras. En el núcleo duro del Grupo A (radicalismo, peronismo federal, Coalición Cívica y Unión PRO) se prevé un alineamiento total o muy dominante con los intereses concentrados. El GEN de Margarita Stolbizer, a veces con variantes discursivas, suele constelar en torno de ese sol. Quizá, sólo quizá, cambie su trayectoria si todo el centroizquierda define otro rumbo.

El FpV aglutina alrededor de 110 voluntades (el porotómetro jamás es preciso, en esta etapa) entre votos propios y adhesiones de fuerzas de centroizquierda, pequeños bloques provinciales, concertacionistas que aún lo son y una ristra de monobloques.

La clave, pues, son Proyecto Sur con sus once diputados, el socialismo que tiene cinco y el Partido Nuevo del senador Luis Juez. También podrían incidir, si la justa es muy pareja, algún peronista federal en tránsito o algún faltazo del otro lado a la hora de pulsar el botón. Agustín Rossi, titular de la bancada oficialista, ejercitará el optimismo de la voluntad procurando los votos de a uno. El texto escueto del proyecto puede, en tal caso, tener una funcionalidad que es habilitar propuestas de reformas o añadidos a cambio del apoyo. Así ocurrió con la Ley de Medios Audiovisuales, en cuya redacción final y sanción fue determinante el aporte del centroizquierda.

La posición de Proyecto Sur está por verse. En las primeras horas ulteriores al discurso, los diputados Alcira Argumedo y Claudio Lozano formularon declaraciones favorables a una intervención estatal más decidida en el mercado. Lozano señaló, con tino, que una norma de ese tipo es autónoma de las peripecias de la venta de las acciones de Papel Prensa durante la dictadura y pidió reglas similares en otros mercados. Argumedo manifestó que la Presidenta se quedó corta respecto de la empresa. Simplificando acaso, concordaron en esencia pero “fueron por más”. En cambio, Pino Solanas se fue inclinando a ponerse de punta contra el proyecto oficial. Su táctica cotidiana oscila entre dos imanes: la coherencia ideológica y el