LA PLATA, Enero 10.-La resistencia manifestada por el ultraliberal Martín Redrado, que llegó a la presidencia del BCRA en 2004 por obra y gracia de Kirchner, más la actitud de la oposición que buscó aglutinarse para resistir el embate K (pero sin plantear la cuestión de fondo, que es la ilegitimidad de lo que se quiere pagar a costa del hambre del pueblo), desembocó en una crisis institucional de resultados imprevisibles. Y que podría provocarle un golpe similar al de la resolución 125.
Los Kirchner, al igual que lo hicieron durante la pelea por las retenciones móviles hace casi dos años, están abriendo una caja de Pandora que podría impactar de forma muy negativa en la economía de los argentinos, que aún están sufriendo las secuelas de la crisis que se desató en los últimos meses de 2008. Y que tuvo su epicentro el año pasado, con consecuentes aumentos en los niveles de desocupación, pobreza e indigencia.
La obsesión del Gobierno nacional es obtener 6500 millones de dólares de las reservas para liberar recursos del presupuesto, que serán utilizados discrecionalmente -gracias a los superpoderes- para hacer política, apretar intendentes y mandatarios provinciales, en una maniobra desesperada por intentar mantener algo de poder. Así es como no tienen inconvenientes de borrar con el codo lo que escribieron con la mano hace cinco años, cuando con el canje de deuda en 2004 habían jurado que jamás volverían a negociador con los acreedores que no habían entrado en esa operatoria. Tampoco parece haber servido de mucho el pago al contado de 10 mil millones de dólares al FMI con reservas, ocurrido en 2006, en un hecho de entrega del patrimonio de los argentinos que no registra antecedentes: nadie le exigía a los Kirchner haber pagado de la forma que se pagó. Y ni siquiera realizaron un estudio acerca de de si esos compromisos cumplían con la legalidad o si formaban parte de alguno de los tantos negociados que se hizo con la deuda pública en las los últimos 30 años.
Pero no solamente el oficialismo parece no estar a la altura de las circunstancias. Gran parte de la oposición tampoco ha planteado, desde que se generó el conflicto, intenciones de ir a la cuestión de fondo. Casi todos coinciden en que se debe seguir pagando la deuda, sin realizar ningún tipo de auditoría, cuando está confirmado que gran parte de los compromisos que se abonarán están viciados de nulidad. Incluso hay fallos judiciales que así lo avalan.
Pareciera que en muchos dirigentes está presente la idea, que muchas veces fue acuñada por el trotskismo, de que “cuanto peor, mejor”. Por ello discutir meros formalismos constitucionales y reglamentarios, como lo hacen los principales líderes opositores, de poco sirve y podría hacer perder una oportunidad única de plantear un cambio de fondo en lo que hace a uno de los principales problemas estructurales que tiene nuestro país, como es el endeudamiento externo. ¿Cuántas necesidades básicas insatisfechas se podrían solucionar con los 6.500 millones de dólares que el Gobierno entregará a sus amigos banqueros, siendo muchos de ellos acreedores?
Además, aprovechar una crisis institucional para obtener beneficios políticos personales es un juego muy peligroso que puede resultar contraproducente. En ese sentido, existen trascendidos que hablan de que hace diez días hubo una reunión entre Redrado y Julio Cobos, donde se habría hablado de la posibilidad de que el titular del Central acompañe al mendocino en una eventual fórmula presidencial.
La actitud de Scioli
No fue un dato menor en la semana que pasó el enfático apoyo que salió a dar el gobernador Daniel Scioli a los Kirchner. Ocurre que en la Provincia confían que parte de los 6.500 millones de dólares tengan como destino la administración bonaerense, que se ha convertido en absolutamente dependiente del envío de recursos federales no sólo para garantizar cierta gestión, sino también para el pago de sueldos de docentes y estatales. En los últimos días de enero comenzará la paritaria con los maestros, negociación que también determinará lo que ocurrirá con las paritarias de los gremios que forman parte de la ley 10.430.
Según cifras oficiales, la provincia de Buenos Aires arrastra un déficit de 5.500 millones de pesos. Pero en la oposición dicen que, en realidad, el rojo sería de 8.900 millones, mientras que algunas consultoras lo ubican cerca de los 10 mil millones. En esas condiciones, la situación económico financiera de la Provincia hace prácticamente imposible otorgar aumentos salariales que, para paliar los efectos de la inflación, no debería estar por debajo del 15%. Y para poder hacerlo, la administración provincial debería gastar la friolera suma de $ 4.500 millones, con lo cual su déficit podría hacerse insostenible al no contar con fuentes de financiamiento.
A ello se le suma que poco más del 61% de la deuda de la Provincia está en manos del Gobierno nacional, y los vencimientos se van pagando con retenciones que se le aplican a la coparticipación, con lo cual existe una millonaria merma de recursos que finalmente no ingresan al fisco provin
